EL GOBIERNO LOCAL INSTA AL PP A BUSCAR EN LA XUNTA LAS EXPLICACIONES POLA FALTA DE SOCORRISTAS
El Ayuntamiento de Ortigueira celebró ayer un pleno a petición de la oposición para abordar la falta de socorrismo en las playas de Ortigueira, en el que el gobierno local responsabilizó a la Xunta de Galicia de haber provocado esta situación a raíz de la normativa dictada en el año 2012, que limita las opciones para realizar esta labor a las personas que obtengan el certificado de profesionalidad o a técnicos deportivos.
Desde lo gobierno se explicó que hasta el año 2007 se realizaban en Ortigueira cursos de socorristas en colaboración con la Cruz Rubia, una formación que tuvo que dejar de impartirse la raíz del cambio normativo. Hasta el 2015, las playas dispusieron de socorristas a través de personal formado en años anteriores, pero en 2016 el servicio ya fue insuficiente y no se pudo cubrir en su totalidad. “Muchas de las personas que tenían realizados los cursos ya no estaban en este sector de actividad, y el no poder realizar los cursos impuestos por la noticia normativa comenzó a pasar factura”, se explicó desde lo gobierno.
Para intentar solucionar el problema, el Ayuntamiento licitó este año el servicio para las playas de Morouzos y La Concha a través de un pliego de condiciones informado por los técnicos municipales y presupuesto en 60.551,61 euros, pero la contratación quedó desierta al no presentarse nadie.
Con estos argumentos, el gobierno recordó que la Real Federación Española de Socorrismo ya advirtió hace seis años a la Xunta de que esta noticia normativa iba a generar la insuficiencia de personas acreditadas para cubrir todas las playas de Galicia, como está sucediendo. Añadió que los requisitos que se exigen “carecen de lógica para cubrir una demanda que se enfrenta a los bajos salarios, el corto período laboral y la larga duración y coste de los cursos”.
El gobierno de Juan Penabad Muras instó al PP a pedir a la Xunta información sobre el porqué de este decreto. Anunció además que exigirá al ejecutivo autonómico, como está haciendo la Fegamp, “que arregle este desaguisado que causaron y que condena a muchos ayuntamientos a pasar el verano sin socorristas, y, lo que es más grave, deber a los rapaces y chicas que podían tener una formación que les había permitido, entre otras cosas, tener un trabajo durante el verano, a pagar cantidades abusivas por un curso también abusivo y carente de lógica”.
Para concluir, el gobierno municipal explicó que no está dispuesto a entrar en una competición con otros ayuntamientos de Galicia por ver “quien empieza antes a contratar, quien paga los salarios más altos o quien alarga más la temporada de verano”, porque esto significaría “ convertir un servicio público del que es responsable en primer lugar la Xunta de Galicia, en una mera subasta”.